El derrumbe de los derechos de las mujeres afganas

Maria João Cabrita

Defensora de los derechos humanos

Desde su regreso al poder en agosto del 2021, los talibanes han impuesto en Afganistán un auténtico apartheid de género, en palabras de Richard Bennett, relator especial de la ONU para los derechos humanos en Afganistán. Todos los avances, las conquistas y la esperanza de cambio han sido aniquilados desde aquel fatídico agosto, una fecha que marcó el inicio de un auténtico infierno para las mujeres afganas.

El regreso de los talibanes demostró el odio profundo que tienen hacia las mujeres, imponiendo restricciones que no se pueden ni concebir. La recién promulgada «Ley de Promoción de la Virtud y Prevención del Vicio», ratificada por el líder espiritual supremo Haibatulá Ajundzadá, busca borrar la existencia de las mujeres de los espacios públicos, convirtiéndolas, según las Naciones Unidas, en «sombras sin rostro ni voz». Basada en la aplicación de la sharía islámica, el ministro de la Virtud y el Vicio Mohammad Khalid Hanafi declaró que «no pueden negociar con nadie sobre estos asuntos».

Esta norma ha desmantelado uno tras otro los derechos de las mujeres y niñas del país en los últimos tres años y medio. Desde entonces, las afganas tiene prohibido que se les escuche su voz en público, o mostrar nada que no sean los ojos para no «causar tentación». Tampoco se les permite entrar en peluquerías (cerradas por los talibanes), parques, jardines o gimnasios.

Además, los talibanes han prohibido que las mujeres trabajen, lo que ha provocado que más del 60 % de las afganas hayan perdido sus puestos de trabajo, y las niñas sólo pueden estudiar hasta sexto de primaria; los institutos y las universidades están fuera de su alcance, como si de un espejismo se tratara. De hecho, Afganistán es hoy el único país del mundo que prohíbe la educación a las niñas mayores de 12 años (UNESCO, 2024).

La periodista afgana Khadija Amin se vio obligada a exiliarse en España tras haber recibido amenazas de muerte y haber sido expulsada de su trabajo. En su entrevista con El Periódico de España, enfatiza mucho la palabra «luchar», y describe cómo las mujeres afganas llevan años luchando por recuperar los derechos que les pertenecen. Muchas siguen protestando, aunque la libertad de expresión también se les haya quitado, y piden que el mundo no las olvide, pues tienen esperanza y sueños.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea sentenció el 4 de octubre de 2024 que el hecho de ser mujer y afgana es suficiente para ser merecedora de asilo. No es necesario demostrar ningún riesgo específico, ser mujer en Afganistán ya es un peligro en sí mismo. Esta decisión se alinea con el principio de protección internacional recogido en el artículo 38 de la Ley de Asilo en España, que establece la posibilidad de otorgar salvoconductos humanitarios a quienes no puedan presentar su solicitud desde su país de origen.

A pesar de este marco legal y la claridad europea, España ha rechazado al menos una docena de peticiones de salvoconducto de mujeres afganas tras esta sentencia. Esta postura no sólo es moralmente inaceptable, sino que también demuestra falta de solidaridad e incumplimiento del deber de garantizar el derecho de asilo a quienes enfrentan persecución de género.

Esta situación representa una grave crisis humanitaria, por lo que Amnistía Internacional la observa de cerca denunciando el auténtico horror que está ocurriendo en el país. Exigimos que se reconozca este apartheid de género como crimen de derecho internacional, y pedimos a la comunidad internacional que no relegue la realidad de las mujeres afganas a un segundo plano, fuera de la agenda pública. Es vital que la protección internacional a aquellas que huyen de la discriminación no cese.