La trata de mujeres y niñas: crímenes contra la humanidad

Andrea Martín Paíz

Defensora de los derechos humanos

La trata de personas con fines de explotación sexual es una de las formas más atroces de violencia de género y un problema global que persiste en el siglo XXI. En España, desde 2010, el Centro de Inteligencia para el Crimen Organizado (CICO) unifica los datos de la Policía Nacional y la Guardia Civil, proporcionando una visión más clara de esta grave problemática. Las cifras evidencian una realidad devastadora: el 99 % de las víctimas detectadas son mujeres y niñas, lo que obliga a analizar el fenómeno desde una perspectiva de género.

España se ha convertido en un punto clave en las redes de trata, tanto como país de tránsito como de destino, influyendo en la dinámica de este delito a nivel europeo e internacional. Aunque la trata afecta a mujeres de diversas nacionalidades, destaca el alarmante número de víctimas de origen chino, lo que señala patrones específicos de captación, explotación y control por parte de grupos organizados. No obstante, esta crisis no es exclusiva de España; países como Italia, Alemania o Francia también enfrentan retos similares, cada uno con sus particularidades en cuanto a legislaciones, políticas de prevención y respuesta.

La complejidad del fenómeno radica en su carácter transnacional, en la implicación de redes criminales altamente organizadas y en la vulnerabilidad estructural de las víctimas. Factores como la pobreza, la desigualdad de género y la falta de protección en los países de origen agravan esta problemática, facilitando la captación y explotación de mujeres y niñas en un mercado clandestino donde la demanda sigue siendo elevada. Según encontramos en el informe «Cadenas Invisibles», datos que han sido recogidos por Amnistía Internacional con respecto a la identificación de víctimas de trata en nuestro país, tan sólo mil de las 75.000 personas que estaban en situación de riesgo de trata con fines de explotación sexual fueron consideradas e identificadas como víctimas entre los años 2013 y 2019. Según el Balance Estadístico 2018-2022 sobre Trata y Explotación de Seres Humanos en España, en el año 2022 se identificaron un total de 6.655 personas en riesgo de trata y explotación sexual (un 41,48 % más respecto al año anterior) y 15.711 trabajadores y trabajadoras como potenciales víctimas de situaciones de trata y/o explotación laboral (un 13,55 % más que en 2021). Sin embargo, estos datos tan sólo demuestran una parte minoritaria de la problemática a la que estamos expuestos, pues según la Oficina Contra las Drogas y el Delito de Naciones Unidas, por cada víctima identificada existen veinte más sin identificar. Este número se incrementa si tomamos en cuenta los datos suministrados por las entidades sociales que se encuentran trabajando directamente en los contextos de explotación.

No obstante, la finalidad de nuestro artículo no es sólo visibilizar la situación de la trata de personas en España, sino también señalar las deficiencias estructurales y la insuficiente dotación de recursos que perpetúan esta vulneración de derechos. Si bien en los últimos años el Gobierno ha implementado ciertas medidas, como el Plan Estratégico Nacional contra la Trata y la Explotación de Seres Humanos (PENTRA, 2021-2023) o el Plan Camino (2022-2026), estas iniciativas resultan fragmentadas y carecen de la atención necesaria para generar un impacto real y sostenido.

España sigue sin un marco legislativo integral que garantice una respuesta efectiva y coordinada ante la trata. Parece evidente la urgencia de una ley integral contra la trata con rango de Ley Orgánica, que no solo consolide los avances normativos logrados hasta ahora, sino que también establezca mecanismos vinculantes y recursos suficientes para su implementación efectiva. Sin esta base jurídica, las medidas actuales se quedan en meras declaraciones de intenciones, incapaces de eliminar las barreras que impiden a las víctimas acceder a una protección real. Además, la falta de voluntad política para asignar los recursos necesarios pone en entredicho el compromiso del Estado con la erradicación de la trata y el cumplimiento de sus obligaciones internacionales, particularmente el deber de actuar con la diligencia debida.

Más allá de la adopción de planes estratégicos, es imprescindible una transformación estructural que priorice la protección de las víctimas y la persecución efectiva de los responsables, garantizando una respuesta que no dependa de coyunturas políticas o presupuestarias. Para ello, además, se deben tener en cuenta las experiencias de las mujeres extranjeras, pues la actual ley extranjería supone un obstáculo para que las víctimas puedan acceder a sus derechos. Dicha ley impone requisitos que muchas víctimas de trata no pueden cumplir, como la necesidad de denunciar a sus explotadores para acceder a permisos de residencia y trabajo, lo que las expone a represalias y dificulta su proceso de recuperación. Además, la falta de alternativas de protección a largo plazo condena a muchas de estas mujeres a la irregularidad administrativa, perpetuando su vulnerabilidad y aumentando el riesgo de ser nuevamente explotadas.

Por tanto, debemos tener en cuenta que cualquier reforma que busque abordar la trata de manera efectiva debe incorporar no sólo una perspectiva de género, sino también una perspectiva interseccional que tenga en cuenta las experiencias de las mujeres extranjeras y elimine los obstáculos normativos que limitan su acceso a derechos básicos. De lo contrario, las políticas seguirán siendo insuficientes, y las víctimas continuarán atrapadas en un sistema que las desprotege y las invisibiliza.

Vemos que la trata de personas con fines de explotación sexual es un fenómeno complejo y multidimensional que no puede entenderse sin atender a las estructuras sociales, económicas y políticas que lo sostienen. Desde una perspectiva sociológica, esta problemática no sólo refleja la mercantilización de los cuerpos de las mujeres en un mercado clandestino impulsado por la demanda y la impunidad, sino que también es síntoma de desigualdades globales más profundas que sitúan a ciertas poblaciones en una posición de extrema vulnerabilidad. La intersección entre género, clase y nacionalidad es clave para comprender por qué determinadas mujeres, especialmente migrantes, son las principales víctimas de estas redes de explotación.

Para abordar esta crisis de manera efectiva es necesario comenzar apostando por políticas públicas integrales que ataquen las causas estructurales de la trata, no sólo que se centren en castigar lo ya hecho, es decir, manteniendo una base punitiva. Asimismo, es imprescindible incorporar una perspectiva interseccional que atienda a las experiencias diferenciadas de las víctimas y elimine las barreras normativas que impiden su protección, independientemente del contexto al que éstas estén sujetas. Sin estos cambios, cualquier avance seguirá siendo insuficiente, y el sistema continuará reproduciendo las desigualdades que permiten que la trata persista en pleno siglo XXI.