El Patronato Municipal de Vivienda impulsa esta iniciativa que prioriza la retirada de amianto y la mejora de la accesibilidad.
El compromiso del Ayuntamiento de Salamanca con la mejora del parque de viviendas de la ciudad se refuerza con una nueva inyección económica. El Consejo de Administración del Patronato de la Vivienda y Urbanismo (PMVU) ha dado luz verde este miércoles, 25 de junio de 2025, a las bases de la convocatoria de ayudas municipales para la rehabilitación de edificios residenciales correspondiente al año 2025, dotada con un millón de euros.
Esta nueva partida se suma a las convocatorias implementadas desde el año 2018, que han supuesto un desembolso total de 3,8 millones de euros y han beneficiado hasta la fecha a 236 comunidades de vecinos. El objetivo persistente es mejorar las prestaciones de los inmuebles en aspectos cruciales como la accesibilidad, la conservación y la eficiencia energética, con un énfasis especial en la sustitución y retirada de elementos constructivos con amianto, conforme a la normativa vigente.
La convocatoria de 2025, si bien mantiene una visión integral, pone un acento particular en la retirada de amianto y en continuar avanzando para lograr edificios que permitan el acceso a la mayor variedad posible de situaciones personales.
Podrán ser beneficiarios de estas subvenciones las comunidades de propietarios o propietarios únicos de edificios de uso residencial vivienda colectiva. También se incluyen los propietarios de edificios de uso residencial vivienda unifamiliar.
Quedan excluidos de esta convocatoria aquellos edificios y viviendas situados en los denominados entornos residenciales de rehabilitación programada, ya que estos cuentan con sus propias líneas de financiación específicas.
Las obras susceptibles de recibir ayuda incluyen la sustitución y/o retirada de elementos constructivos con amianto, un material cuya manipulación debe seguir estrictos protocolos. En este sentido, se deberá cumplir el Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, y la reciente Ordenanza Municipal Reguladora de la Retirada del Amianto en Salamanca, aprobada por el Pleno del Ayuntamiento el pasado 9 de mayo de 2025. Se cubrirán tanto la retirada del material como las actuaciones complementarias para sustituir los elementos eliminados.
También se subvencionarán las obras de mejora de accesibilidad en los elementos comunes de los edificios o en edificios de vivienda unifamiliar, así como obras complementarias de conservación en los mismos.
Un requisito importante es que las obras para las que se solicite la ayuda deben haberse iniciado a partir del 1 de marzo de 2022, dando así continuidad y coherencia con la última convocatoria de ayudas.
La ayuda concedida podrá alcanzar un máximo del 50% del presupuesto subvencionable. Esta se verá limitada por un importe máximo de hasta 3.000 euros por vivienda o por cada 100 metros cuadrados (o parte proporcional) de local o espacio destinado a otros usos, según conste en el certificado catastral del edificio o vivienda unifamiliar.
El importe máximo de la subvención que se podrá otorgar por cada solicitud no podrá exceder los 60.000 euros. En cualquier caso, la cuantía total de las subvenciones concedidas estará supeditada al crédito presupuestario existente para esta convocatoria.
Una vez que la convocatoria sea publicada oficialmente en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) y en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS), se abrirá el plazo para presentar las solicitudes. Estas deberán cumplimentarse según el modelo que estará disponible en la página web municipal.
Las solicitudes se podrán presentar en el Registro General del Ayuntamiento, preferentemente de forma electrónica, aunque también se admitirá la forma presencial. Asimismo, podrán presentarse en cualquiera de los lugares establecidos en la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
El procedimiento de concesión de estas ayudas se regirá por el principio de concurrencia competitiva. Esto implica que las subvenciones se otorgarán mediante la comparación de las solicitudes presentadas, estableciendo una prelación entre las mismas de acuerdo con los criterios de preferencia definidos en las bases y siempre con el límite del crédito disponible.
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