La Audiencia Provincial condena al alcalde de Villarino por un delito de prevaricación y lo inhabilita por 9 años para ejercer cargo público
Julián Martín recurrirá la sentencia ante el Tribunal Superior de Justicia
El juez lo absuelve de los delitos de prevaricación administrativa y de malversación de fondos públicos por los que había sido acusado por el Ministerio ?scal y por la acusación popular.
La Audiencia Provincial de Salamanca considera culpable al alcalde de Villarino de los Aires, Julián Martín, de un delito de prevaricación por la contratación de uno de sus hermanos durante un periodo de tres años, por lo que le impone una pena de pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de 9 años. Por otro lado, queda absuelto de los delitos de prevaricación administrativa y de malversación de fondos públicos por los que había sido acusado por el Ministerio ?scal y por la acusación popular.
Tras este fallo, el alcalde de Villarino, en declaraciones a Las Arribes al Día, ha evitado pronunciarse y únicamente ha recordado que "la sentencia no es firme" y ha anunciado que “recurriré la sentencia” ante el Tribunal Superior de Justicia, recurso de apelación para el que dispone de los díez días siguientes al de la última noti?cación de la sentencia. Hasta que se produzca una resolución firme, Julián Martín seguirá ejerciendo como alcalde de Villarino, pues como ha señalado "nunca pensé que estaba cometiendo una ilegalidad porque seguí siempre las indicaciones del secretario", tal y como manifestó también en el juicio y que el secretario confirmó.
Los hechos juzgados el pasado 12 de marzo se remontan a 2015, cuando el regidor contrató a uno de sus hermanos para el montaje y desmontaje de la plaza de toros con motivo de las fiestas patronales en el mes de agosto. Sin embargo, el contrato de mes y medio de duración se extendió posteriormente hasta el verano de 2018. Además, a esta denuncia se suma la contratación de un sobrino como socorrista sin que se realizara ninguna selección de personal, y el pago de un finiquito por un importe superior a lo que legalmente le correspondía y el abono de cantidades presuntamente “irregulares”,
Tras la denuncia presentada por el portavoz municipal del Grupo VyC, Javier Sendín, en 2022 el Juzgado de Vitigudino abrió diligencias y posteriormente la Fiscalía solicitó penas de “trece años de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena”, pues los hechos denunciados “son formalmente constitutivos de un delito continuado de prevaricación administrativa previsto y penado en el artículo 404 del Código Penal”.
